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| 9/7/2019 3:32:00 AM

¿Se les fue la mano?, cárcel para un samario que intentó sobornar a un agente de tránsito

Un samario resultó condenado a cuatro años de cárcel por ofrecer 20.000 pesos a un agente de tránsito. La corte estudiará si ciudadanos que incurren en malas conductas como esa deben tener penas dignas de criminales de cuello blanco.

Cuatro años de cárcel para un samario que intentó sobornar un Policía de Tránsito El conductor se defenderá ante la Corte Suprema de la condena a cuatro años por haber ofrecido 20.000 a un policía de tránsito. Alto tribunal convocó a audiencia pública. Foto: Guillermo Torres - Semana
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*El audio de este artículo está hecho con inteligencia artificial.

José María Escolástico conducía por la vía Barranquilla-Santa Marta el vehículo con el que se transporta para reparar redes eléctricas en la costa norte. A las 4:30 de la tarde, cerca de Ciénaga, agentes de tránsito lo detuvieron por exceso de velocidad. Al samario solo se le ocurrió preguntar si existía alguna forma de evitar el comparendo, mientras extendía un billete de 20.000 pesos.

Los policías grabaron la mala conducta de este ciudadano y el asunto terminó en una drástica sentencia condenatoria a cuatro años de prisión por el delito de cohecho, sin el beneficio de prisión domiciliaria y con multa de 50 salarios mínimos. El Tribunal Superior de Santa Marta le impuso la misma condena que la Fiscalía pide para Otto Bula, el lobista de la megacorrupción de Odebrecht; la pena del conductor es apenas unos meses más corta que la que recibió el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales por aceptar una coima de 6,5 millones de dólares.

Semejante desequilibrio llamó la atención de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que ya sabían que el Código Penal, ante el delito de cohecho, castiga con igual severidad ofrecer 10.000 pesos o un billón. El caso tenía otras complejidades: que el conductor no aceptó cargos, que la pena mínima a imponer es de cuatro años y que el estatuto anticorrupción prohibió excarcelar cuando se trata de delitos contra la administración pública.

En todo caso el contraste indigna. Luis Miguel Pico, el exviceministro que aceptó recibir 50 millones de pesos para empujar el polémico contrato de estabilidad jurídica que benefició a Odebrecht, ya está en su casa. Él admitió cohecho y la propia Fiscalía retiró la solicitud de medida de aseguramiento porque el monto de la pena –luego de aceptación– se tasaba por debajo de los cuatro años; es decir, que la consideraba excarcelable.

En el día a día, para defender estos casos, los penalistas han encontrado como única alternativa pedalear un principio de oportunidad. De modo que los ciudadanos pidan perdón, reintegren el monto del soborno, se comprometan a no reincidir y puedan continuar su vida laboral sin el lunar de una sentencia condenatoria en su hoja de vida.

Pero el caso de Escolástico tomó una ruta muy severa que la Corte Suprema de Justicia está dispuesta a revisar con lupa, por considerarla de un alto impacto social. Los magistrados aceptaron examinar este tema en casación y convocaron a las partes a una audiencia pública el próximo 28 de octubre. Entonces esperan recoger información que les permita cambiar de algún modo el destino que le espera a este conductor.

“No es lógico que el mismo delito cometido para un gran desfalco se aplique a una persona que en medio del desespero entregó 20.000 pesos”, aseguró el penalista Iván Cancino. Él promueve que Colombia acoja el sistema ya existente en Ecuador: una tabla que permita establecer una relación entre la pena y el monto del soborno.

Entre tanto, las cosas parecen claras. “El rasero para castigar este delito va desde prometer, dar u ofrecer. El monto da igual y también resulta irrelevante si realmente se entregó”, precisó el abogado Francisco Bernate. Según el penalista, ninguna modificación legal ha previsto crear una salida alternativa que permita castigar con distinto grado de severidad a los ciudadanos que incurran en estas conductas.

Casos como el de este samario dejan entre los colombianos la sensación de que, a pesar de las reformas al sistema de justicia penal, este continúa siendo estricto con los ciudadanos del común y flexible con los criminales de cuello blanco. 

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